
En un hecho que ha generado indignación en el sector educativo, el gobierno de Córdoba continúa negando el derecho a licencias por lactancia a docentes madres, a pesar de estar contemplado en la legislación nacional. La respuesta oficial ha sido evasiva: alegan que esta disposición “no figura en el estatuto docente”, ignorando así normas de jerarquía superior que sí lo establecen.
Un derecho garantizado por ley
La Ley Nacional 26.873 de Lactancia Materna es clara: todas las trabajadoras en relación de dependencia, incluidas las docentes, tienen derecho a dos franjas de 30 minutos o una hora diaria para amamantar a sus hijos hasta que cumplan el primer año de vida. Este beneficio no es optativo: el Estado está obligado a garantizarlo.
A nivel provincial, la Ley 9905 refuerza esta protección, exigiendo al gobierno de Córdoba adecuar las condiciones laborales para facilitar la lactancia. Sin embargo, la administración de Martín Llaryora ha optado por hacer caso omiso, argumentando que el Estatuto Docente (Ley 7233) no menciona explícitamente este derecho.
La respuesta del Ministerio: un tecnicismo que viola derechos
Frente al reclamo formal presentado por UEPC Capital, la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Educación, a cargo de Adriana Verónica Soisa, respondió con un argumento que ha sido calificado como “insuficiente y regresivo”:
“En relación a la franquicia solicitada, la misma no se encuentra en la legislación docente ni en normativos vigentes”, señaló la funcionaria en su escrito.
Esta postura no solo desconoce la jerarquía de las leyes nacionales, sino que también ignora precedentes jurisprudenciales en otras provincias, donde la Justicia ha obligado al Estado a garantizar este derecho, incluso cuando los estatutos locales no lo mencionaban.

Las consecuencias: docentes entre la ley y la realidad
La negativa del gobierno provincial tiene un impacto concreto en la vida de las trabajadoras:
- Madres obligadas a interrumpir la lactancia: Muchas docentes, especialmente aquellas que deben trasladarse entre varias escuelas, se ven forzadas a elegir entre cumplir con sus horarios laborales o alimentar a sus hijos.
- Un retroceso en derechos: La falta de aplicación de estas licencias no solo afecta a las docentes, sino que también vulnera el derecho de los niños a una alimentación adecuada, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Un mensaje preocupante: La respuesta del Ministerio parece indicar que, para el gobierno, los derechos de las mujeres trabajadoras son negociables.
UEPC Capital no dará marcha atrás
El sindicato ha anunciado que intensificará su campaña para que el gobierno provincial cumpla con la ley. Entre las medidas planteadas se encuentran:
- La presentación de un recurso administrativo para exigir la inmediata aplicación de las licencias.
- La posibilidad de llevar el caso a la vía judicial, siguiendo el ejemplo de otras provincias donde la Justicia ha fallado a favor de las trabajadoras.
- La convocatoria a una audiencia pública para visibilizar el incumplimiento sistemático de estos derechos.
“No vamos a permitir que se siga utilizando un vacío legal para negar un derecho que está claramente establecido. Esto no es solo una cuestión laboral, sino también de salud pública y de protección a la primera infancia”, señalaron desde UEPC Capital.
¿Qué sigue?
Mientras el gobierno provincial insiste en su postura, las docentes madres de Córdoba enfrentan una realidad injusta: un Estado que, en lugar de garantizar sus derechos, los obstaculiza. El conflicto parece encaminarse hacia una escalada legal, en un año donde los derechos laborales de las mujeres están en el centro del debate público.
Lo que está en juego no es solo una hora de licencia, sino el cumplimiento de un principio básico: ninguna madre debería tener que elegir entre su trabajo y la alimentación de su hijo.