
En el mediodía del jueves 28 de agosto, una manifestación encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba culminó con la detención de 15 dirigentes sindicales.
Entre los arrestados se encontraba Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y de la CTAA provincial. Los manifestantes reclamaban la entrega de alimentos y asistencia social para comedores populares, ante la disminución de recursos en los últimos meses.
Según los testimonios de los detenidos, la protesta transcurría de forma pacífica hasta que un grupo de dirigentes fue citado por el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano para una reunión. Al llegar al lugar, fueron arrestados por la policía sin previo aviso.
Giuliani denunció que sufrió una posible fractura en uno de sus brazos debido al accionar policial y aseguró: “Venimos a reclamar alimentos y ayuda social. Fue un operativo desmedido que reprimió a los compañeros en la calle y nos están llevando detenidos. A mí me han quebrado el brazo”.
El secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como un intento de criminalizar la protesta y exigió la liberación inmediata de los dirigentes arrestados, señalando que este tipo de acciones debilitan la representación de los trabajadores y reprimen la movilización social legítima.
Además de las detenciones, se reportaron agresiones a periodistas que cubrían la protesta. Trabajadores de distintos medios denunciaron haber sido golpeados por efectivos policiales mientras realizaban su labor informativa.
Esta protesta se enmarca en una serie de movilizaciones de ATE y la CTAA en todo el país, que exigen aumentos salariales, la reincorporación de trabajadores despedidos y el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Córdoba, las organizaciones sindicales han denunciado repetidas veces la falta de respuesta del gobierno provincial a sus reclamos.
La detención de los dirigentes sindicales ha generado un amplio repudio en diversos sectores sociales y políticos, que consideran que se está vulnerando el derecho a la protesta y avanzando en la criminalización de la movilización social.
