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Por Prensa Docente – Fuente: ANRed, General Pico La Pampa.
Ana es docente. Enseña con compromiso, con mirada crítica, con sensibilidad social. Y por eso fue condenada. Su caso revela el hostigamiento sistemático que viene sufriendo el colectivo docente por atreverse a enseñar en base a los marcos legales y pedagógicos que el mismo Estado impone, pero que abandona cuando arrecian las denuncias ideológicas.
La denuncia que derivó en su condena no fue aislada. Hace años que Ana viene siendo blanco de una persecución sostenida por parte del padre de una de sus alumnas, quien ya la había amenazado previamente por abordar la Educación Sexual Integral (ESI) en el aula. En 2018, cuando proyectó la película XXY como parte de una actividad educativa sobre identidad de género —contenido que forma parte de la currícula oficial— el mismo padre sacó a su hija del aula y la denunció.
Ahora, otra clase sobre el conflicto palestino-israelí, desarrollada bajo un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva histórica, fue utilizada para llevarla a juicio.
El proceso judicial que enfrentó Ana no solo la desgastó emocionalmente, sino que también comprometió su salud, su estabilidad económica y su trayectoria profesional. “Enseñamos lo que el Ministerio de Educación establece como contenido obligatorio. Pero cuando nos denuncian, nos dejan solas. Ahora no sé si además de esta condena tengo que atravesar un sumario del Ministerio”, denunció Ana.
La sentencia judicial no solo sanciona a una docente, sino que envía un mensaje aleccionador a toda la docencia: enseñar con enfoque crítico puede tener consecuencias penales. En un contexto donde el negacionismo, la censura y la persecución ideológica crecen al amparo de sectores conservadores y del Estado mismo, este caso se transforma en una advertencia para quienes educan en libertad.
“Yo no di mi opinión en clase, solo enseñé lo que establece la doctrina jurídica”, explicó Ana. Sin embargo, fue acusada de antisemitismo, pese a su trayectoria como estudiosa del nazismo desde una mirada filosófica crítica. La operación fue clara: manipular políticamente el contenido de la clase, distorsionar el rol docente y forzar a través del poder judicial una agenda de silenciamiento.
No se puede entender esta situación sin enmarcarla en el avance generalizado del discurso reaccionario sobre las escuelas, donde la figura docente es puesta en la mira por sectores que ven en la educación pública un terreno a disciplinar. Y cuando el Estado se corre, cuando el Ministerio no respalda, cuando la Justicia responde al poder económico e ideológico de turno, enseñar se convierte en una actividad de riesgo.
Este patrón no es un hecho aislado. El caso de Vanina Biasi, referente del movimiento de mujeres y diputada electa por el FIT-U, también lo demuestra: fue procesada por el contenido de dos publicaciones en Twitter, lo cual representa una clara violación al derecho a la libre expresión. La persecución judicial a quienes piensan, escriben o enseñan con libertad se extiende como un mensaje de disciplinamiento general.
Desde Prensa Docente exigimos el sobreseimiento de Ana, el cese de la persecución a docentes, y la intervención urgente del Ministerio de Educación en defensa de sus trabajadoras y trabajadores. No podemos permitir que educar sea un acto punible. Porque sin libertad de cátedra no hay educación pública posible.
