
El Gobierno avanza con la creación del INCyTDE, que uniría al INTA, INTI y CONAE, mientras los empleados denuncian un desmantelamiento del organismo y el cierre de programas clave.
Buenos Aires – La crisis en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) escaló este miércoles cuando un grupo de trabajadores, furiosos por el aval de la conducción a la fusión del organismo con el INTI y la CONAE, agredió verbalmente al presidente Nicolás Bronzovich y a la vicepresidenta Beatriz “Pilu” Giraudo a la salida de una reunión del Consejo Directivo.
El plan que desató la ira
El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis Caputo, comunicó días atrás a referentes del agro su decisión de fusionar el INTA, el INTI y la CONAE en un nuevo ente llamado Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE). Según denuncian los trabajadores, esta medida implicaría un recorte de al menos 1.500 puestos de trabajo y el desguace progresivo de uno de los organismos científicos más importantes del país.
El 15 de abril, el Consejo Directivo del INTA –integrado en un 50% por representantes de Sociedad Rural, CRA, Coninagro y CREA– aprobó por mayoría el proceso de reestructuración, con la oposición de Federación Agraria.
Bronzovich y Giraudo, escoltados por la policía
Al finalizar la reunión, los máximos directivos del INTA tuvieron que retirarse bajo custodia policial mientras los empleados, nucleados en APINTA, los increpaban con gritos de “¡Ladrones!”, “¡Hijos de puta!” y “¡Van a dejar familias en la calle!”.
“Te vas a llevar puesto todo el INTA. ¡Sos un ladrón, te van a llevar preso!”, le gritó una mujer a Bronzovich. Mientras, a Giraudo le reclamaron: “Pilu, dejar a las familias sin trabajo es pecado. ¡Da la cara!”.
Programas clausurados y despidos en marcha
Desde la asunción de Javier Milei, el INTA ya sufrió el cierre de dos programas históricos:
- Pro-Huerta: iniciativa de producción agroecológica para autoabastecimiento, con más de 30 años de vigencia.
- Cambio Rural: herramienta de extensión rural y periurbana que cumplía tres décadas.
Con 6.400 empleados en todo el país, los trabajadores temen que la fusión sea el paso previo a un vaciamiento definitivo del organismo.
¿Qué sigue?
El Ejecutivo insiste en que la medida busca “optimizar recursos”, pero los gremios advierten que se perderán capacidades técnicas clave para el sector agropecuario. Mientras tanto, la bronca crece: APINTA ya anunció medidas de fuerza y promete llevar el conflicto a la justicia.